El Sector Público Nacional No Financiero mostró el primer superávit financiero desde mediados de 2012. Más allá de la estacionalidad fiscal que juega a favor en enero, la magnitud del resultado fue contundente y buscó dar una señal concreta alineada con el sendero fiscal anunciado (equilibrio fiscal para 2024). ¿Qué explicó la mejora fiscal? Unos ingresos que acompañaron la inflación y la mayor caída real del Gasto Primario en los últimos 30 años, aunque las características de dicho recorte sembraron incertidumbre sobre su sostenibilidad en el tiempo.
En la hoja de ruta que delinearon las nuevas autoridades el ancla fiscal será el eje principal del programa económico. Mediante el anuncio del objetivo de un equilibrio fiscal para 2024 y el establecimiento de una meta más exigente con el FMI (superávit primario de 2% del PIB), el Gobierno pretende impulsar un cambio de régimen económico que regenere la credibilidad y confianza, lo cual es central también dentro de la estrategia monetaria-cambiaria.
Si bien estimamos que el objetivo de un equilibrio financiero luce sumamente desafiante en el contexto actual, vemos factible que el Gobierno termine con un superávit primario en 2024 (podría rondar el 1% del PIB) a costas del impacto de la recesión esperada sobre la economía. Esto último no dejaría de ser una señal positiva en cuanto a la dirección tomada tanto para el FMI como para los mercados financieros.
¿Cómo le fue al fisco en inicios del 2024?
El Sector Público Nacional No Financiero mostró el primer superávit financiero desde mediados de 2012. Puntualmente, las cuentas públicas alcanzaron superávit primario superior a los $2 billones (0,3% del PIB proyectado), un resultado más que positivo si tenemos en cuenta que no se veía un resultado positivo desde septiembre del 2022, donde jugó a favor la mayor recaudación generada por el “dólar soja”.
A su vez, el pago de intereses volvió a ubicarse en niveles elevados ($1,492.338 millones) producto del servicio a los tenedores de los bonos soberanos en USD, aunque pese a su magnitud no fue un inconveniente para mostrar el primer superávit fiscal ($518.408 millones) en los últimos 12 años (el último fue en agosto del 2012).
Cabe aclarar que enero suele ser un mes favorable para al fisco por cuestiones estacionales: 1) el Gasto Primario toca su máximo en diciembre producto de los aguinaldos, para luego caer hasta su mínimo en enero y 2) el mismo aguinaldo que se abona en diciembre tiene impacto en enero para la recaudación, lo cual eleva los ingresos del fisco. Más allá de la estacionalidad fiscal, la magnitud del resultado fue contundente y buscó dar una señal concreta alineada con el sendero fiscal anunciado (equilibrio fiscal para 2024).
¿Qué explicó la mejora fiscal? Unos ingresos que acompañaron la inflación y la mayor caída real del Gasto Primario en los últimos 30 años, aunque las características de dicho recorte sembraron incertidumbre sobre su sostenibilidad en el tiempo.
¿Qué ocurrió con los ingresos y gastos en enero?
Los ingresos totales (excluyendo extraordinarios) lograron acompañar la inflación en enero luego caer un 21% real i.a. en diciembre. ¿Qué explicó el buen desempeño de los recursos? El salto en las partidas de la recaudación asociadas al tipo de cambio compensó la marcada caída real en el resto de los tributos (principalmente aquellos ligados a la actividad). Puntualmente, el IVA neto se incrementó un 10% i.a. real (la suba en el IVA DGA fue superior a la reducción del IVA DGI), los Derechos de Exportación crecieron un 90% i.a. real (cortaron una racha negativa de 6 meses seguidos en rojo), los Derechos de Importación un 35% i.a. real y el Impuesto PAIS casi se cuadruplicó en términos reales (+282% real) con respecto a enero del 2023.
En contraposición, el Impuesto a las Ganancias (afectado por el recorte de la cuarta categoría) mostró una caída real del 37% i.a. (12 meses consecutivos a la baja), mientras que las Contribuciones a la Seguridad Social profundizaron su reducción en términos reales (-25% i.a. real), hilando así su quinto mes consecutivo en rojo.
Por su parte, el Gasto Primario mostró la mayor caída real de los últimos 30 años (la serie inicia en 1993) al reducirse casi un 40% i.a. y tocar su nivel real más bajo desde mayo del 2007. Más allá del recorte transversal sobre todas las partidas del gasto, el ajuste estuvo explicado mayormente por la reducción real del gasto social (-30% i.a. real) producto del rezago en la fórmula de movilidad (ajusta trimestralmente en base a la nominalidad de 3 meses atrás) y el techo nominal en las partidas destinadas al refuerzo de ingresos (tanto para jubilados y pensionados como para otros sectores vulnerables). En números, las Prestaciones Sociales cayeron un 30% i.a. en términos reales y explicaron el 42% del recorte sobre el Gasto Primario.
Mención aparte merecen los Subsidios Económicos, que se redujeron un 64% i.a. en términos reales y explicaron un 17% del recorte. Sin embargo, la reducción en esta partida no estaría explicada por un ahorro genuino, sino por una postergación de pagos y compromisos, una práctica habitual en los últimos años. Concretamente, no sólo no se registraron pagos de caja a CAMMESA (empresa intermediaria en el sector energético) durante el primer mes del año, sino que tampoco se devengaron transferencias para evitar la acumulación de deuda flotante, lo cual compromete la cadena de pagos del sector energético.
A su vez, si bien las Transferencias a Provincias (-83% i.a. real entre corrientes y de capital) y los Gastos de Capital (-82% i.a. real excluyendo lo transferido a provincias) sufrieron recortes aún mayores, entre ambos rubros explicaron menos de un cuarto (23,5%) del recorte total.
Con menor injerencia, los Salarios (-27% i.a. real), las Transferencias a Universidades (-31% i.a. real), los Bienes y Servicios (-33% i.a. real) junto con el resto de los gastos corrientes (-53% i.a. real) representaron un 18% de la reducción en las erogaciones.
¿Qué esperamos para 2024?
En la hoja de ruta que delinearon las nuevas autoridades el ancla fiscal será el eje principal del programa económico. Mediante el anuncio del objetivo de un equilibrio fiscal para 2024 y el establecimiento de una meta más exigente con el FMI (superávit primario de 2% del PIB), el Gobierno pretende impulsar un cambio de régimen económico que regenere la credibilidad y confianza, lo cual es central también dentro de la estrategia monetaria-cambiaria.
Inicialmente, las autoridades apuntaban a un incremento en los ingresos vía una mayor recaudación transitoria (poco más de 2 % del PIB) y un recorte en el Gasto en torno al 3% del PIB. No obstante, buena parte de aquella estrategia dependía del paquete fiscal incluido en la Ley Ómnibus y la restauración del Impuesto a las Ganancias (reversionado como Impuesto a los Ingresos Personales). Si bien el oficialismo retiró ambos proyectos ante las dificultades en su negociación, todo parecería indicar que el Gobierno haría un nuevo intento (aunque restan conocer detalles) en el marco de un llamado a negociar con gobernadores.
En caso de que el nuevo intento no prospere, el Gobierno se verá obligado a buscar nuevas fuentes de recursos y a intensificar el recorte sobre el gasto. Justamente, es lo que se evidenció durante las últimas semanas, donde se ajustaron aún más los giros a provincias y se intentó recomponer parcialmente la recaudación pérdida en los últimos años correspondiente al Impuesto a los Combustibles.
Pese a mostrar un superávit financiero en enero luego de casi 12 años en rojo, las características del ajuste implementado sobre el gasto y la dinámica que podría adoptar la recaudación en un contexto recesivo siembran incertidumbre sobre la sostenibilidad (tanto social como política) de la estrategia a lo largo del año.
En cuanto a los recursos, la recesión económica proyectada seguramente deteriore los ingresos asociados a la actividad (algo que ya viene ocurriendo en enero y febrero), lo cual no sólo afectará a la Nación, sino que impactará con mayor fuerza sobre las cuentas públicas provinciales (ya perjudicadas por la modificación de Ganancias) dado que son mayormente impuestos coparticipables.
A su vez, uno de los pilares de la recaudación durante los primeros 3 meses de gestión fue (y será) el Impuesto PAIS, un recurso transitorio que en algún momento deberá reducirse si se pretende salir del CEPO. Más allá de su transitoriedad, dicho impuesto se vio impulsado durante febrero por la suscripción de BOPREALES, un factor que volverá a jugar a favor en marzo, pero que ya no estará disponible desde abril.
Con respecto al gasto, el ajuste implementado sobre el Gasto Social (más de la mitad del gasto) será en parte compensado con el correr de los meses (el próximo aumento será de un 27% en marzo) e incluso podría jugar en contra durante la segunda parte del año si la moderación inflacionaria se sostiene. A su vez, el fuerte deterioro real de los ingresos ejercerá presiones sobre el gasto en los Salarios y Programas Sociales.
En cuanto a los Subsidios Económicos, si bien la actualización tarifaria aliviará las presiones sobre este rubro, será necesaria una normalización de los pagos y compromisos en algún momento del año para no generar aún más distorsiones en la cadena de pagos del sector energético.
Distinto es el caso para las Transferencias a las Provincias (discrecionales) y los Gastos de Capital, donde el Gobierno tiene un mayor margen de maniobra para recortar (aunque su importancia en magnitudes es menor), pero allí entrarán en juego 2 elementos: la sostenibilidad fiscal de cada provincia (teniendo en cuenta como puede afectar a nivel social y federal) y las negociaciones en el Congreso.
A modo de cierre, si bien estimamos que el objetivo de un equilibrio financiero luce sumamente desafiante en el contexto actual, vemos factible que el Gobierno termine con un superávit primario en 2024 (podría rondar el 1% del PIB) a costas del impacto de la recesión esperada sobre la economía. Esto último no dejaría de ser una señal positiva en cuanto a la dirección tomada tanto para el FMI como para los mercados financieros.